CRÍTICA
DIGITAL - 13/08/08
Enviado
por Nacho (Yo Canibal)
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POR EL CRIMEN OCURRIDO EN 1991
"EL
ESTADO REABRIRÁ EL CASO WALTER BULACIO"
Anibal F. anunció que DD.HH. será querellante en la causa, que había
ordenado reabrir -en 2003- la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación anunció hoy
que el Gobierno acatará las obligaciones impuestas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) para reabrir la causa por el crimen de Walter
Bulacio, el joven muerto tras una razzia policial en 1991, y para reformar las
leyes vinculadas a los arrestos de menores, y adelantó que el Estado se
presentará como querellante en ese caso.
"Vamos a cumplir con cada una de
las razones esgrimidas por la CIDH porque para eso somos miembros de ese
organismo", afirmó el ministro al asegurar que el Estado acatará el fallo del
tribunal internacional dictado el 26 de febrero de 2003. También explicó que la
presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 1313, por el cual se designó a la
Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde a que se presente
como querellante en la causa Bulacio.
Dijo que "se revisaron 120
documentos y 4.000 fojas" con normas vigentes en todo el país sobre las
facultades de detención para ajustarlas a la recomendación de la Corte sobre
caso de detención arbitraria de menores, exceptuando así los hechos en que
hubiera una orden judicial o un delito en flagrancia.
Fernández anunció
que se cumplirá con el resto de los requisitos de la CIDH y, en ese sentido,
dijo que también firmó la resolución 22/08 por la cual se instruye a la
Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria a "adecuar su actuación en los casos de restricción de la
libertad" de los menores de 18 años.
Entre las normas se
incluye que el menor aprehendido debe ser informado de sus derechos y se tiene
que avisar a sus padres o familiares, no compartir alojamiento con detenidos
mayores y ser revisado por un médico en forma inmediata, entre otros
puntos.
Fernández también señaló que la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas tiene el expediente sobre la actuación del comisario Espósito y
una vez devuelto se resolverá la sanción que podría corresponderle que, se animó
a decir, podría ser su exoneración.
EL CASO BULACIO.
Walter Bulacio, que tenía 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991
en una razzia de la Policía Federal, junto a otras 70 personas, la mayoría
menores de edad, cuando intentaba ingresar al estadio de Obras Sanitarias donde
tocaba el grupo Los Redonditos de Ricota.
El joven fue llevado a la
comisaría 35 donde fue brutalmente golpeado y un día después fue llevado a un
centro asistencial de la zona, donde falleció una semana después. Por el caso
fue acusado el entonces jefe de la seccional, Miguel Angel Espósito, pero las
dilaciones judiciales en la causa por la que pasaron más de 30 jueces
concluyeron con la absolución del oficial por prescripción del caso.
Los
familiares del joven, con el patrocinio de la abogada María del Carmen Verdú, de
la Coordinadora Contra la Represión Policial e institucional (CORREPI),
recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó
el caso.
En febrero de 2003, cuando se había fijado audiencia ante la
Corte internacional, el ex presidente Eduardo Alberto Duhalde firmó un decreto
por el cual el Estado argentino se asumió como responsable en las violaciones a
los derechos humanos en el caso Bulacio.
En septiembre de 2003, ese
organismo condenó al Estado argentino y le impuso una serie de requisitos de los
cuales sólo se habían cumplido el resarcimiento económico a la familia y la
publicación de la sentencia del organismo internacional. Y el 3 de diciembre de
2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la reapertura de la
investigación del caso.
CLARÍN - 13/08/08
Enviado
por Fer Mociulsky
Cinco años después, el Estado promete cumplir
con un fallo de la CIDH por el
caso Bulacio
Lo aseguró esta noche el ministro de Justicia, Aníbal Fernández. La Corte
Interamericana le había exigido en 2003 al Gobierno
que prohíba la detención de menores en razzias o por averiguación de
antecedentes. Bulacio, de 17 años, murió en 1991 tras ser detenido antes de un
recital de Los Redonditos de Ricota.
Tras cinco años de intimaciones, el ministro de
Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró esta noche que el Estado
argentino cumplirá con un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el marco del caso Bulacio. El organismo internacional, en su
sentencia, había ordenado al Gobierno que prohíba la detención de menores en
razzias o por averiguación de antecedentes
Fernández se pronunció de
esta manera durante una conferencia de prensa. "Vamos a cumplir con cada una
de las razones esgrimidas por la CIDH, porque para eso somos miembros del
organismo", contó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.
En
este sentido, el ministro anunció que instruyó a las fuerzas de seguridad
nacionales para que modifiquen las normas de procedimiento ante la detención de
menores de 18 años, como la comunicación inmediata a sus familiares y la
justicia de Menores, así como la prohibición a los efectivos de exhibirles
armas.
Fernández adelantó que el secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde, diseñará un mecanismo de seguimiento del
fallo de la CIDH, ya que "se detectó que algunas provincias no están dentro
de los estándares internacionales".
En el marco del caso Bulacio, la
CIDH había cuestionado las prácticas y normas que facultan a las distintas
fuerzas policiales a detener menores por averiguación de antecedentes o
establecimiento de identidad, contravenciones y operativos de detenciones
masivas.
Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991
por policías de la comisaría 35ª en la puerta del estadio de Obras Sanitarias,
antes de un recital de Los Redonditos de Ricota.
Al día siguiente de su
arresto, el joven fue trasladado a un hospital sin que sus padres ni un juez de
Menores fueran notificados de su detención. Su muerte se produjo cinco días
después, a raíz de las torturas sufridas y las malas condiciones de arresto.
La investigación estuvo en manos de alrededor de 30 jueces de primera
instancia. Por el hecho fue imputado el comisario Miguel Angel Espósito, aunque
finalmente fue sobreseído por la Cámara del Crimen, que entendió que tras 11
años sin encontrarse un culpable, la acción penal estaba prescripta.
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